Gian Lee Rodríguez Carrión, residente de Canóvanas, enfrenta cargos por el artículo 93A del Código Penal de Puerto Rico, por tentativa de asesinato, según reveló la investigación llevada a cabo por agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Delitos Sexuales del área de Carolina.

Los hechos ocurrieron durante la noche del 29 de marzo. De acuerdo con la pesquisa, Rodríguez Carrión, quien es el padre biológico del menor, introdujo una toalla desechable en la boca del bebé, ocasionándole la obstrucción de las vías respiratorias.

La agente investigadora María de Lourdes Pagán Villafañe, bajo la supervisión de la sargento Iris Cruz, consultó el caso con el fiscal Jesús Peluyera Berríos, quien radicó el cargo ante el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina.

El magistrado determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 100 mil dólares, la cual fue diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ).

La vista preliminar fue señalada para el 16 de abril.

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Según la investigación de la Policía, el 20 de junio de 2024, a eso de la 1:37 de la tarde, en el condominio Floral Plaza, en la calle Los Pinos, en Hato Rey, se comportó de manera negligente con su madre, una mujer de 69 años de edad, y no le prestó alimentación y cuidados. La sexagenaria, una adulta mayor con incapacidad mental, vivía en condiciones infrahumanas, sin alimentos, ni aseo y vestimenta apropiada.

La agente Joanlee Rivera Ramos, del CIC de San Juan, consultó el caso con la fiscal Ana M. Martínez Orama, quien instruyó la radicación de los cargos. 

La prueba se presentó ante la jueza Rocío Alonzo González, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa en todos los cargos y le señaló una fianza de $20,000, la cual no prestó siendo ingresado en la Institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón.

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La imputada está acusada de haberse apropiado ilegalmente de múltiples celulares, con un valor total de 31,654.93 dólares, en un incidente ocurrido el 31 de julio de 2024 en el kiosco de Claro, ubicado en el Sam’s Club de Plaza Escorial.

El caso fue consultado con el fiscal de turno, quien presentó la prueba ante el juez Wilfredo Viera Garcés del Tribunal de Carolina. El juez encontró causa para arresto y le impuso una fianza de 20,000 dólares, la cual fue prestada, quedando en libertad provisional hasta la vista preliminar.

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Según la Uniformada, Ángel Ortiz Morales, de 24 años y residente en Aguas Buenas, fue acusado de violar el artículo 133 (Actos Lascivos) del Código Penal de Puerto Rico y el artículo 53B (Maltrato) de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Ortiz Morales supuestamente cometió actos lascivos contra una menor de edad en febrero de este año en el municipio de Aguas Buenas.

La fiscal Sharlynn Sánchez instruyó la radicación de cargos y la evidencia fue presentada ante la juez María Del Rosario Rojas, quien determinó causa probable e impuso una fianza de 60,000 dólares. Al no poder prestarla, Ortiz Morales fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. La agente Mariliza Dónes, bajo la supervisión de la sargento Hilda González, estuvo a cargo de la pesquisa.

En otro suceso, la Policía precisó que, Ramón Rodríguez, de 40 años y residente en Aguas Buenas, fue acusado de violar el artículo 133 (Actos Lascivos) del Código Penal de Puerto Rico y el artículo 53B (Maltrato) de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Rodríguez supuestamente cometió actos lascivos contra una menor de 14 años en marzo de este año en el municipio de Aguas Buenas.

La fiscal Carmen Rodríguez instruyó la radicación de cargos y la evidencia fue presentada ante la juez María Del Rosario Rojas, quien determinó causa probable e impuso una fianza de 55,000 dólares. Rodríguez pudo prestar la fianza mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y fiador privado, por lo que fue dejado en libertad provisional hasta la vista preliminar. La agente Linnette Matos, bajo la supervisión del teniente Ángel Martínez, estuvo a cargo de la pesquisa.

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Según la Uniformada, Ángel Ortiz Morales, de 24 años y residente en Aguas Buenas, fue acusado de violar el artículo 133 (Actos Lascivos) del Código Penal de Puerto Rico y el artículo 53B (Maltrato) de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Ortiz Morales supuestamente cometió actos lascivos contra una menor de edad en febrero de este año en el municipio de Aguas Buenas.

La fiscal Sharlynn Sánchez instruyó la radicación de cargos y la evidencia fue presentada ante la juez María Del Rosario Rojas, quien determinó causa probable e impuso una fianza de 60,000 dólares. Al no poder prestarla, Ortiz Morales fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. La agente Mariliza Dónes, bajo la supervisión de la sargento Hilda González, estuvo a cargo de la pesquisa.

En otro suceso, la Policía precisó que, Ramón Rodríguez, de 40 años y residente en Aguas Buenas, fue acusado de violar el artículo 133 (Actos Lascivos) del Código Penal de Puerto Rico y el artículo 53B (Maltrato) de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Rodríguez supuestamente cometió actos lascivos contra una menor de 14 años en marzo de este año en el municipio de Aguas Buenas.

La fiscal Carmen Rodríguez instruyó la radicación de cargos y la evidencia fue presentada ante la juez María Del Rosario Rojas, quien determinó causa probable e impuso una fianza de 55,000 dólares. Rodríguez pudo prestar la fianza mediante el Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) y fiador privado, por lo que fue dejado en libertad provisional hasta la vista preliminar. La agente Linnette Matos, bajo la supervisión del teniente Ángel Martínez, estuvo a cargo de la pesquisa.

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En el lugar, Rodríguez Torres fue detenido con una pistola Glock 23, un cargador, 21 municiones y $35 en efectivo, lo que llevó a la fiscalía de Carolina a radicar tres cargos en su contra.

El juez Orlando Puldón encontró causa para el arresto y fijó una fianza de $3 mil, que fue pagada mediante fiador privado. El caso fue investigado por agentes de la división de Inteligencia de San Juan.

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Según la investigación realizada por la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, el 23 de marzo de 2023, Trenche Chávez conducía un vehículo Toyota Tundra gris del año 2019 cuando se desvió de la vía y, con la parte frontal de su vehículo, impactó la parte trasera de dos equinos y sus jinetes, quienes cabalgaban en la misma dirección.

El impacto causó la muerte de ambos equinos y los jinetes cayeron al pavimento. Uno de ellos, José Jaime Díaz Serrano, de 43 años y vecino de Ceiba, falleció en el acto. El otro jinete, Eduardo Álvarez Sosa, de 43 años, resultó gravemente herido y posteriormente falleció en una institución hospitalaria.

A Trenche Chávez se le realizó una prueba de aliento que arrojó un resultado de .15% de alcohol en su organismo. La Fiscalía radicó cargos por imprudencia y negligencia (dos cargos según el Artículo 5.07 de la Ley 22), manejo de vehículos de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes (un cargo según el Artículo 7.02 de la Ley 22), penalidades en caso de grave daño corporal a un ser humano (dos cargos según el Artículo 7.06 de la Ley 22) y maltrato de animales de tercer grado (dos cargos según el Artículo 6 de la Ley 154).

El agente Alexander Gaztambide, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Carolina, consultó el caso con el fiscal Gilberto Gierbolini, quien radicó los cargos. La prueba se presentó ante el juez Orlando Puldón, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa y fijó una fianza de 30,000 dólares, la cual Trenche Chávez prestó a través de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio.

La vista preliminar quedó pautada para el 10 de julio de 2024.

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NAGUABO – Un agente de la División de Violencia Doméstica de Utuado, bajo la supervisión de la fiscalía, culminó una investigación que resultó en la imputación de cargos contra Lou-Renzzo Santiago Fernández, un joven de 19 años de Naguabo, por maltrato y agresión sexual conyugal ocurridos el 31 de marzo en Utuado.

La fiscal Jenivette Bonilla Torres orientó sobre la radicación de cargos, y tras la evaluación de la juez Melissa Santiago Núñez, se estableció causa, fijándosele a Santiago Fernández una fianza de $240 mil, la cual no fue pagada, resultando en su encarcelamiento en Ponce hasta la vista preliminar el 17 de abril.

La investigación estuvo a cargo del agente José H. Vélez Ruiz, con el apoyo del sargento Elvin Maldonado Soto.

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CAROLINA – El 28 de febrero, las autoridades ejecutaron un allanamiento relacionado con un incidente del 21 de febrero en Carolina, resultando en cargos por violación a la Ley de Armas contra Héctor González, de 22 años, y Winer García, de 23 años.

Durante la operación, se incautaron dos pistolas, municiones y dinero en efectivo. Posteriormente, se les acusó también de violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, estableciéndose fianzas de $15,000 y $30,000, respectivamente, las cuales fueron pagadas.

El caso fue manejado por el agente Enrique Mena y supervisado por el sargento Omar Cuevas y el teniente Obis Díaz.

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SAN JUAN – El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Mayagüez presentó el jueves ocho cargos contra el agente Luis Javier Pérez Badillo, imputado de someter a su pareja a un patrón de maltrato desde el año 2018.

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“Nuestra exhortación a toda víctima y a las personas en su entorno es que denuncien la violencia doméstica para poder procesar este delito y brindarle los servicios que necesitan. Tengan la certeza de que el Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía investigamos y procesamos la violencia doméstica sin distinción de persona”, dijo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

“Este caso es otro ejemplo más de la capacidad que tiene la Policía de Puerto Rico para investigar a sus propios agentes, con la misma transparencia y rigurosidad que lo hacen con cualquier otra persona. En esta agencia no hay ni un solo espacio para quien actúe en contra de la ley, la mujer y los niños.

A tono con lo dispuesto en los reglamentos de la Policía de Puerto Rico, ordené la suspensión de empleo y sueldo contra el agente Luis Pérez Badillo luego de que una investigación de la Unidad de Violencia Doméstica se la Policía culminara con radicación por parte del Departamento de Justicia. Continuaremos trabajando con los compañeros del taskforce de Policía y HSI para evaluar una posible radicación de cargos adicionales”, expuso el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

Se evalúa la posibilidad de radicarle cargos federales por pornografía infantil.

Los fiscales Melvin Pérez Rodríguez y Rosa Acevedo González presentaron cinco cargos en virtud de la Ley 54-1989, que incluyen un patrón de maltrato físico, amenaza y maltrato agravado, por hechos ocurridos en presencia de una menor de 12 años, hija de la víctima. Además, formularon un cargo de maltrato a menores, al amparo de la Ley 57-2023, y un cargo por apuntar a la víctima con un arma de fuego.

La jueza Margarita Gaudier, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, encontró causa para arresto y le impuso una fianza global al imputado de 80 mil dólares. La vista preliminar fue señalada para el 7 de marzo.

Según la acusación, Pérez Badillo, el agente, y su esposa, quien también es policía, sostuvieron un altercado el miércoles en una estación de gasolina en el municipio de Guaynabo.  Esto, luego de que la mujer descubriera fotografías de la menor en el celular del imputado. Fue arrestado en el lugar.

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