“Puerto Rico necesita un sistema contributivo moderno y eficiente que impulse la inversión, promueva el desarrollo económico y mejore la calidad de vida de nuestra gente”, expresó González Colón en conferencia de prensa.

“Al igual que las que hemos hablado, la mayoría ya se van a estar aprobando en la Cámara de Representantes el próximo lunes. Me informo al presidente del Senado que de eso será así, esa hora estaría considerando la próxima semana. Así que esto es una gran oportunidad para que todas estas medidas puedan entrar en vigor y puedan ser reclamadas en la próxima planilla. No es la que se radica el 15 de abril, sino el año contributivo vigente que se radica el año que viene. Estamos cumpliendo con los compromisos que contraímos con el pueblo de Puerto Rico en la pasada elección y yo le agradezco al liderato del Senado, al liderato de la Cámara, que como Asamblea Legislativa van a estar atendiendo estas medidas para cumplir con estos compromisos… Estamos cumpliendo con el compromiso programático. Ahora le compete a la Asamblea Legislativa, evaluar estas medidas y las medidas de alivio de reforma contributiva que se verán en la sesión de agosto, ya que la Cámara ya están viendo en la Asamblea Legislativa detalles del presupuesto para el nuevo año fiscal, por lo tanto son temas áridos contributívamente hablando, pero los hospitales pueden estar tranquilos, que estamos extendiendo su extensión contributiva. Los que viven alquilado pueden estar tranquilos de que ahora no van a tener que pagar ese 15 a 24 por ciento, más la básica alterna, porque de nosotros no haber radicado estas medidas como está el código vigente, estarían pagando ya durante este año esas contribuciones”, agregó.

Las medidas fueron presentadas junto a legisladores y funcionarios clave, incluyendo los presidentes de las comisiones de Hacienda y los secretarios de Hacienda y Desarrollo Económico. Entre las propuestas se destacan:

• Exenciones contributivas para entidades sin fines de lucro, alineadas al modelo federal, para agilizar procesos y fortalecer el tercer sector.
• Administración uniforme del IVU municipal a través de SURI, permitiendo la consolidación digital del cumplimiento contributivo entre municipios y el Departamento de Hacienda.
• Simplificación del Código de Rentas Internas, que unifica fechas de radicación, refuerza el uso de planillas informativas y promueve la fiscalización tecnológica.
• Aumento en deducciones por aportaciones a IRA y cuentas educativas, para incentivar el ahorro personal y apoyar la educación.
• Exención del impuesto al inventario sobre medicamentos recetados, en beneficio de farmacias y acceso a salud.
• Fortalecimiento de beneficios para agricultores bona fide, con redefiniciones y certificaciones claras para mejorar la producción agrícola local.
• Implementación de cuentas ABLE, que facilitarían el ahorro a personas con discapacidades sin afectar su elegibilidad a programas federales.
• Aclaración sobre la exención por venta de residencia principal, eliminando ambigüedades en el Código y garantizando seguridad jurídica.
• Extensión de beneficios fiscales a hospitales por 10 años, para promover la continuidad de servicios de salud.
• Revisión a la Ley 60-2019, incluyendo un nuevo cargo contributivo a nuevos Residentes Inversionistas, requisito de residencia previa y extensión de vigencia hasta 2055.
• Reducción de la contribución a capital e intereses para todos los contribuyentes, equiparándolos con los beneficiarios de decretos de Ley 60.
• Incentivos para el arrendamiento de propiedades residenciales, con la extensión de exenciones contributivas para fomentar el mercado de alquiler.

La gobernadora indicó que estas propuestas son el primer paso hacia una reforma contributiva integral. También reafirmó su compromiso de trabajar en consenso con la Asamblea Legislativa para garantizar su aprobación.

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“El querer imponer estas vacaciones forzadas es un acto injusto para muchos trabajadores”, expresó Jessica Martínez Santos, presidenta del sindicato, en declaraciones escritas.

Martínez señaló que algunos empleados no tienen balance suficiente de vacaciones, lo que podría traducirse en descuentos en sus nóminas, mientras que otros ya tenían planes establecidos o no observan la Semana Santa como periodo de descanso.

La líder sindical propuso que se establezcan acomodos voluntarios, incluyendo trabajo remoto o ajustes de horario, y que, de ser posible, no se descuenten días de ninguna licencia acumulada.

Servidores Públicos Unidos advirtió que la medida anunciada por la gobernadora como ahorro operacional ignora realidades laborales y personales de cientos de empleados públicos que podrían verse afectados económica y emocionalmente.

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“Todas aquellas personas que hayan cometido fraude con el uso de fondos federales tienen que pagar, porque yo no puedo poner en riesgo que la gente humilde y la gente que necesita esas ayudas no las reciba, porque hubo una persona que decidió aprovecharse ilícitamente de esos beneficios. No puede ser. Así que, obviamente, el gobierno federal tendrá que demostrar la culpabilidad, la intención de defraudar al gobierno federal, y esos casos se verán. Pero nosotros, el gobierno de Puerto Rico, tiene que combatir el fraude también. Tenemos fraude en distintas áreas, en el Departamento del Trabajo, y ¿qué hace eso? Le quita fondos a gente que de verdad lo necesita. Así que yo lamento muchísimo por las personas que ya han sido señaladas. Tienen su turno para demostrar su inocencia y, una vez ese proceso termine, pues nosotros lo revisaremos”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

Al preguntarle si ha conversado con el representante Navarro Suárez, contestó que “no he tenido la oportunidad de conversar con él. Pero aquí nadie, porque tenga un funcionario electo —alcalde, legislador o jefe de agencia— está exento de cumplir con la ley. Aquí todo el mundo tiene que cumplir con la ley. Metieron la mano, tienen que pagar igual”.

El fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció la radicación de cargos contra los empresarios Edgardo Navarro Suárez, Ricardo Luis Navarro Suárez y el CPA Ramón Valentín Montalvo. Se alega que sometieron 26 solicitudes fraudulentas a la SBA y a un banco por un total de 2,238,747 dólares entre 2020 y 2021.

“¿Y cómo era el esquema en este caso? Los acusados Edgardo Navarro Suárez, su hermano Ricardo Luis Navarro Suárez, el contador público autorizado Ramón Valentín Montalvo y las compañías JCA Development Inc., JCA Packaging Group, RVIP Group y JCA Industrial Supply Corp. idearon a sabiendas un plan para defraudar y obtener dinero y propiedades de la SBA y del Banco Uno mediante falsas y fraudulentas representaciones y promesas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP disponibles para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia.

Según la acusación, los imputados y sus cómplices entregaron, ofrecieron y prometieron de forma corrupta al menos 69 mil 500 dólares en pagos (sobornos) a un empleado del Banco Uno para influenciarlo y recompensarlo por su ayuda en la tramitación y el desembolso de los fondos PPP y EIDL. Además, los acusados y sus cómplices reclutaron a otros para obtener fraudulentamente ayudas EIDL y PPP”, expuso el fiscal federal en conferencia de prensa.

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El primero fue el lanzamiento de la Academia de Apoyo a la Familia del Estudiante con Diversidad Funcional. El programa ofrecerá orientación sobre temas relevantes, como los derechos y obligaciones de los estudiantes con diversidad funcional, recursos gubernamentales y de organizaciones sin fines de lucro, y opciones postgraduación. Además, profesionales del sistema educativo, incluyendo psicólogos, trabajadores sociales y consejeros escolares, serán capacitados para ofrecer estas orientaciones de manera eficaz.

Durante la primera clase de la Academia, se entregaron proclamas reconociendo el trabajo de organizaciones sin fines de lucro con las personas con espectro autista. 

Lo segundo fue la apertura de salas sensoriales en el coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y el Centro de Convenciones. Ambos espacios han sido certificados por la organización internacional KultureCity, consolidando a la isla como la primera región de América Latina en implementar esta certificación de forma simultánea en sus principales recintos de eventos. Estas salas están diseñadas para apoyar a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno del Procesamiento Sensorial (TPS), Ansiedad, Trastorno de Estrés Postraumático y otras condiciones relacionadas, brindándoles un ambiente controlado donde puedan regularse sensorialmente y participar plenamente de actividades sociales, culturales, deportivas y corporativas.

El anuncio lo hizo junto a la secretaria de Estado y directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones Veronica Ferraiuoli, el secretario de Educación Eliezer Ramos, el representante Ricardo “Chino” Rey Ocasio quien es el presidente de la Comisión Adultos Mayores y Bienestar Social, el secretario de Salud Víctor Ramos, la secretaria de la Familia Suzanne Roig Fuertes, la Administradora de Rehabilitación Vocacional doctora Rosa Lugo Cabán; el gerente regional de ASM Global que administra tanto el coliseo de Puerto Rico como el Centro de Convenciones Jorge Pérez; y representantes de organizaciones sin fines de lucro como Ser de Puerto Rico.

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“En este momento, son 31 medidas legislativas, dos de las cuales ya se han convertido en ley. Incluyen cosas específicas para los campamentos de verano de nuestros niños con condiciones especiales, que puedan tener un expediente único, que se radique tan pronto los menores son atendidos en términos de salud. Ese expediente único va a perseguir al menor desde el Departamento de Familia, el Departamento de Educación, la Administración de Rehabilitación Vocacional, el Departamento de Salud, que son las cuatro agencias que hoy pagan distintos tipos de terapias y servicios. Esto es uno de los compromisos programáticos. También hablamos de un registro de contratos en el gobierno, hablamos también de los campamentos de verano para niños con diversidad funcional, ya que hoy, cuando hay campamentos de verano, no necesariamente se incluyen a nuestros niños con condiciones. Así que ahora, va a haber un ambiente de inclusión, para nuestras personas con distintos tipos de diversidad funcional”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“También hablamos, por ejemplo, la transformación en la administración de cuido de niños en ACUDEN, sacar también la Policía del Departamento de Seguridad Pública, enmienda a la Ley de Telemedicina y Telesalud para permitir que los médicos puedan estar dando servicios por telemedicina sin el requisito burocrático de sacar otra licencia adicional. También una oficina de enlaces sobre enfermedades raras en el Gobierno de Puerto Rico, un registro oficial de enfermedades raras, un Registro de Cabilderos para las tres ramas de gobierno, permitir Alianzas Público Privadas para creación de albergues de violencia doméstica. Expedir inmediatamente, órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia, educación judicial sobre violencia doméstica, permitir que las mujeres podamos seleccionar un obstetra como médico primario sin tener que estar acudiendo por referidos. Los beneficios de la campaña del ácido fólico, la congelación del impuesto al inventario, que es una medida programática que el pueblo de Puerto Rico validó en la pasada elección. La ley de notificación de pérdida de bienes públicos, que era antes una exclusivamente reglamentada y ahora tiene garras. Las enmiendas al Código de Seguros para cumplir y no perder la acreditación a nivel nacional, enmiendas para la evaluación de jueces, también enmiendas en el presupuesto, la consolidación de funciones de Orquesta Sinfónica, la Fundación Pablo Casals, la Corporación para las Artes Musicales. Enmiendas a la Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, que va a permitir que agilicemos el trámite para la construcción en Puerto Rico, el cuerpo de capellanes en el Departamento de Seguridad Pública, la convalidación de créditos para educación, para academias de la policía, para que aquellos jóvenes que saben que quieren ser policías y tienen que tener un grado asociado para poder fungir como oficial de la policía puedan adelantar estos cursos en la escuela antes de entrar a la academia de la Policía. Un Código, Anticorrupción son algunas de las medidas que hemos radicado hasta el momento”, añadió.

González Colón mencionó además que hay otras medidas legislativas que se presentaran, como las cuentas ABLE para personas con diversidad funcional, beneficio de las cuentas IRA y la revisión de algunas tasas contributivas.

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“Nuestros adultos mayores merecen atención y sensibilidad por parte de su gobierno, luego de toda una vida aportando a nuestra sociedad y familias. Ellos siempre han sido una prioridad para esta servidora, como congresista y ahora como gobernadora”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

La nueva unidad tendrá la responsabilidad de asegurar la implementación efectiva de iniciativas gubernamentales en agencias estatales, promoviendo un enfoque integral basado en equidad, dignidad y calidad de vida. Además, trabajará en la actualización de la legislación existente para responder a las necesidades de los adultos mayores.

La mandataria estuvo acompañada de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, el alcalde de Guaynabo, Edward Alexis O’Neill Rosa, la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Yolanda Varela Rosa, así como legisladores y representantes de diversas organizaciones que atienden a esta población.

Además, anunció la creación de un Grupo de Trabajo para los Adultos Mayores, compuesto por entidades gubernamentales y organizaciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de esta población, incluyendo escuelas de gerontología, asociaciones de enfermedades como el Parkinson, centros recreacionales y organizaciones de cuidados prolongados.

En la misma conferencia, la gobernadora presentó el Proyecto de Ley A-012 para establecer la “Ley de la Oficina Enlace para el Apoyo y Registro de las Personas con Enfermedades Raras”, adscrita al Departamento de Salud, con el fin de recopilar y actualizar un registro oficial de estas personas en Puerto Rico.

Asimismo, informó la integración de la Administración Auxiliar de Adultos Mayores al Departamento de la Familia, consolidando programas de servicios dirigidos a esta población como PROSPERA, OPPEA, CAMPEA y servicios de auxiliares en el hogar, con el objetivo de optimizar los recursos y atender los cambios demográficos.

Según el U.S. Census Bureau, en 2023 el índice de vejez en la Isla alcanzó 199, lo que significa que hay casi el doble de personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años. Municipios como Hormigueros, Rincón y Guaynabo presentan índices aún más altos, reflejando un crecimiento acelerado de la población adulta mayor.

Se estima que para 2030 los adultos mayores representen el 35% de la población de Puerto Rico. Además, casi el 40% de ellos vive bajo el nivel de pobreza, y se ha registrado un aumento en casos de maltrato, negligencia y explotación financiera, lo que resalta la necesidad de reforzar medidas de protección y asistencia.

La Unidad para la Atención Integral del Adulto Mayor forma parte del Programa de Gobierno Acción PR, cuyo objetivo es mejorar los servicios a esta población, eliminando la burocracia y promoviendo un modelo basado en respeto, autonomía, participación y seguridad.

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“Se va a atender, pero tengo que tener luz primero, porque imagínese, eso es como si yo voto al que me transmite la luz sin tener quien lo sustituya, tengo que tener ambas cosas”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Ahora tenemos en este momento una prioridad y es que no tenemos generación suficiente. Y ese problema de generación, la gente en la casa quiere que cuando prenda el switch de la bombilla prenda, y yo tengo que asegurarme que tengamos luz”, añadió.

González Colón mencionó que las prioridades de su administración han estado enfocadas en el tema de energía eléctrica.

“Así que, en este momento, aunque esa fiscalización se está haciendo y los documentos se están tomando en consideración y nosotros estamos recibiendo propuestas para generación y yo me he estado reuniendo con distintos proponentes de esto, La realidad es que estamos, para que no haya el incumplimiento de que no hay trasmisión, haciendo inclusive reuniones semanales con FEMA para que ellos puedan someter los proyectos que van a estar haciendo, porque hasta eso estaba detenido. Así que si te digo que nos reunimos con todos los operadores de generación y transmisión y FEMA semanal, no te miento, esa es la mayor prioridad y por eso casi estas siete semanas que llevo de gobernadora, a lo que se le ha dado duro es eso, porque en donde más tarda esto es un permiso, es en el trámite con las agencias federales, en el trámite con las agencias locales”, sostuvo.

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La gobernadora se reunió con funcionarios de las agencias de seguridad federal, luego de los operativos contra inmigrantes ilegales que se entiende tienen récord criminal en varios lugares de Puerto Rico.

“Vamos a tener que interpretar y revisar cuál puede ser el alcance de derechos en el área de salud, en el área de las licencias de conducir y en otros servicios que se ofrecen a personas que tienen un estatus migratorio ilegal en Puerto Rico. Aunque esto no se nos ha solicitado, la realidad es que las ciudades y estados que estén otorgando estas cosas pudieran perder los fondos federales”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

La gobernadora mencionó que tanto la secretaria del Departameto de Justicia, Janet Parra Mercado, como la secretaria de Estado, Veronica Ferraiuoli Hornedo se reunirán en Washington para discutir este asunto.

González Colón insistió que su gobierno “no puede darse el lujo” de perder fondos federales por no cumplir con la Orden Ejecutiva.

“Lo que sí es, yo quiero establecer unos protocolos de cómo vamos a manejar los casos que en este momento no se están haciendo, pero yo quiero prepararnos para todas las eventualidades, los casos de iglesias, escuelas y hospitales”.

Al preguntarle si favorece las movidas del presidente de Estados Unidos en el tema de inmigración, contestó que, “el pueblo americano validó esta propuesta que hizo el presidente en las urnas y nosotros la vamos a respetar”.

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“Puerto Rico tiene una ley que exige alcanzar el 100 por ciento de electricidad limpia para 2050. Nuestro trabajo se alinea con esa meta, que es un compromiso de la isla, no mío. Espero que la gobernadora continúe ese compromiso hacia una transición a energía limpia, dada la abundancia de recursos naturales en la isla”, expresó Granholm durante una conferencia de prensa.

“Puerto Rico tiene una ley. Espero que esa ley sea cumplida. No sé cuál es la composición de la Legislatura ahora ni si habría apoyo para anular ese compromiso, pero esa ley debe ser cumplida, sin importar quién esté en la silla del gobernador, sin importar quién sea el próximo secretario del Departamento de Energía”, añadió.

Sobre los señalamientos de lentitud en el desembolso de fondos para la reconstrucción de la red eléctrica, Granholm explicó que la responsabilidad recae principalmente en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“El Departamento de Energía no controla los fondos relacionados con la red. FEMA ha acelerado la aprobación de proyectos y estamos viendo un aumento del 500 por ciento en fondos obligados, aunque reconocemos la necesidad de seguir mejorando los procesos”, indicó.

Granholm también destacó que FEMA ha atendido las prioridades principales presentadas por LUMA Energy y Genera PR, para la aprobación de proyectos de microrredes para Vieques y Culebra, reparaciones en plantas generadoras, la instalación de tecnología avanzada para medidores eléctricos y el despeje de vegetación.

“Todos los proyectos prioritarios presentados por LUMA y Genera están siendo abordados, lo que representa un avance importante”, señaló.

La secretaria expresó su decepción por no haberse reunido personalmente con la gobernadora González Colón durante su visita.

“Estoy decepcionada de que la gobernadora no haya podido reunirse conmigo aquí o en Washington, D.C. Espero y confío en que ella y su equipo comprendan la gran importancia de una buena relación con el gobierno federal. Somos socios necesarios para construir la red eléctrica del futuro en Puerto Rico”, mencionó.

Granholm expresó que además de los proyectos del Departamento de la Vivienda y los recipientes del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), el programa de Acceso Solar va a aceptar solicitudes de aquellos recipientes del Plan de Salud Vital del Gobierno de Puerto Rico, para que se instalen placas solares y baterías en sus residencias.

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“La Fiscalía de San Juan y el Negociado de la Policía se encuentran culminando la investigación contra Adriana Nicole Vázquez Pérez. Para garantizar la pureza del procesamiento no se emitirán declaraciones adicionales hasta que culmine la investigación”, expresó la fiscal de distrito, Lizette Sánchez Vázquez, en declaraciones escritas.

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El caso surge tras una manifestación ocurrida durante una misa en la parroquia Santa Teresita en San Juan, donde la gobernadora alegó haber sido objeto de una amenaza de muerte por parte de “Audri Nix”. Según González Colón, la situación representa “un acto político que cruza la línea de la protesta legítima”. La gobernadora expresó que “nadie tiene permiso para amenazar de muerte a otra persona” y añadió que tanto las autoridades estatales como federales están investigando el caso.

Por su parte, Vázquez Pérez negó las acusaciones en un video publicado en sus redes sociales, responsabilizando a las autoridades de cualquier situación que le ocurra y rechazando que sus expresiones fueran una amenaza de muerte.

En un incidente relacionado, la mujer compareció el pasado 2 de enero ante la Fiscalía, donde ejerció su derecho a no incriminarse. Según el inspector Edwin Figueroa, Vázquez Pérez podría enfrentar cargos por amenaza, incitación a la violencia y destrucción de evidencia, aunque las decisiones finales están en manos del Ministerio Público.

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