“El querer imponer estas vacaciones forzadas es un acto injusto para muchos trabajadores”, expresó Jessica Martínez Santos, presidenta del sindicato, en declaraciones escritas.

Martínez señaló que algunos empleados no tienen balance suficiente de vacaciones, lo que podría traducirse en descuentos en sus nóminas, mientras que otros ya tenían planes establecidos o no observan la Semana Santa como periodo de descanso.

La líder sindical propuso que se establezcan acomodos voluntarios, incluyendo trabajo remoto o ajustes de horario, y que, de ser posible, no se descuenten días de ninguna licencia acumulada.

Servidores Públicos Unidos advirtió que la medida anunciada por la gobernadora como ahorro operacional ignora realidades laborales y personales de cientos de empleados públicos que podrían verse afectados económica y emocionalmente.

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