“El proyecto reconoce el derecho fundamental a la libertad religiosa de organizaciones e individuos para que el gobierno no les imponga una carga sustancial por sus creencias. Además, incluye acomodos razonables para empleados públicos y estudiantes no vacunados por razones religiosas”, expresó Rivera Schatz en el Hemiciclo.

La medida, que recibió 18 votos a favor, también permite que padres puedan rehusarse a vacunar a sus hijos en caso de epidemia por razones religiosas sin enfrentar multas o cárcel, y establece que estos estudiantes podrán recibir educación a distancia o acomodos adecuados, según corresponda.

El proyecto prohíbe al gobierno discriminar contra organizaciones religiosas en el acceso a servicios, permisos o fondos y establece que, si una persona prevalece en una acción legal por violación a este derecho, puede reclamar daños, costas y honorarios, que serían cubiertos por el Estado.

“Este proyecto no promueve el discrimen bajo el pretexto de la libertad religiosa, sino que refuerza el respeto a la diversidad y a las creencias de cada individuo. Protege tanto a creyentes como a quienes no comparten sus visiones”, dijo la senadora Joanne Rodríguez Veve de Proyecto Dignidad.

Por su parte, el senador José Luis Dalmau del Partido Popular Democrático también votó a favor y sostuvo que, tras aclarar dudas, decidió apoyar la medida en coherencia con posturas previas. “Para mí, lo más importante es enseñar a respetar al que piensa distinto. Por eso, voy a votarle a favor al Proyecto del Senado número 1”, afirmó Dalmau.

El proyecto también deroga la Ley 95-2024 y establece como política pública que la libertad religiosa se mantenga protegida incluso durante emergencias o pandemias. Limita la imposición de normas gubernamentales que afecten este derecho, a menos que respondan a un interés apremiante y no exista un medio menos oneroso.

Con la aprobación en el Senado, la medida será enviada a la Cámara de Representantes para su consideración final. La gobernadora Jenniffer González Colón ha expresado su respaldo a la medida.

El Senado también aprobó múltiples proyectos presentados por el presidente senatorial, encaminadas a atender necesidades en áreas como el desarrollo económico, la protección animal, la equidad educativa y el acceso a servicios para poblaciones vulnerables.

Entre las medidas aprobadas se encuentra el Proyecto del Senado 20 de la autoría de Rivera Schatz, busca enmendar la Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación. Esta medida tiene como propósito garantizar la estabilidad fiscal de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, permitiendo que el cinco por ciento del impuesto continúe siendo utilizado para cubrir cualquier déficit operativo del Distrito. El proyecto reconoce la importancia de este desarrollo turístico como motor económico y protege su viabilidad ante futuros retos fiscales.

También se aprobó el Proyecto del Senado 21, igualmente presentado por Rivera Schatz, que introduce una enmienda a la misma ley contributiva, al establecer un gravamen sobre las propiedades utilizadas para alojamiento a corto plazo como garantía del pago del canon. Esta acción refuerza la capacidad de fiscalización de la Compañía de Turismo y asegura que el recaudo del impuesto se haga de forma efectiva, protegiendo así los ingresos públicos y promoviendo mayor responsabilidad entre los operadores turísticos.

En el área de infraestructura, se dio paso al Proyecto del Senado 76, también de la autoría del presidente senatorial. Esta medida enmienda la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico para eximir del requisito de permiso de construcción a toda obra de reconstrucción de infraestructura llevada a cabo por un municipio como respuesta a daños provocados por eventos atmosféricos. Esta exención permitirá agilizar procesos en momentos críticos, facilitando que los municipios atiendan con prontitud las necesidades de sus comunidades tras desastres naturales.

Por último, se aprobó el Proyecto del Senado 8 del presidente senatorial, una medida que introduce múltiples enmiendas técnicas y sustantivas al Código de Rentas Internas. Esta legislación propone cambios para simplificar el sistema contributivo, facilitar el cumplimiento de los patronos, promover la fiscalización efectiva entre agencias y mejorar la transparencia en la radicación de planillas. Con estos ajustes, se busca reducir la carga administrativa sobre pequeños y medianos negocios y aumentar la eficiencia del sistema tributario de la isla.

Otras medidas aprobadas

Por su parte, el Alto Cuerpo dio su aprobación al Proyecto del Senado 107, del vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, mediante el cual se adopta la “Ley de Remedios Civiles para la Protección de Animales”. Esta ley proveería mecanismos de carácter civil para intervenir y proteger animales víctimas de maltrato, crueldad o abandono, incluyendo la posibilidad de otorgar custodia provisional. Se trata de una herramienta legal que complementa las leyes penales existentes y refuerza el compromiso del país con el bienestar animal.

En el ámbito de la equidad y los derechos civiles, se aprobó el Proyecto del Senado 186, presentado por el senador Ángel Toledo López, que enmienda la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos. La medida amplía las funciones de los enlaces interagenciales en las agencias gubernamentales, para garantizar una coordinación más efectiva de los servicios dirigidos a esta población, además de requerir informes anuales y adiestramientos, promoviendo una implementación más robusta de la política pública sobre discapacidad.

Finalmente, el cuerpo legislativo dio paso al Proyecto del Senado 233, de la senadora Migdalia Padilla Alvelo, que modifica la Ley de Reforma Educativa para establecer que los aspirantes a directores escolares deben tener al menos tres años deNombramientos confirmados experiencia como maestros regulares, poseer la certificación correspondiente y haber demostrado excelencia en su desempeño. Además, dispone que, tras dos años consecutivos en el puesto y si la plaza está vacante, se podrá otorgar permanencia al director escolar. Esta medida responde a reclamos del sector educativo sobre la necesidad de mayor estabilidad en la administración escolar.

Otra de las medidas, fue el Proyecto del Senado 115, presentado por el senador José Luis Dalmau Santiago, que enmienda la Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004 para restituir una exención contributiva técnica que había sido omitida por error en una legislación previa. Con esta medida, se asegura que las cooperativas de tipo diverso, sus subsidiarias o afiliadas, continúen exentas del pago de derechos y aranceles ante el Registro de la Propiedad, el Poder Judicial y otras oficinas gubernamentales. El objetivo es garantizar trato equitativo a todas las cooperativas del país, fortaleciendo su capacidad de operar como motores de desarrollo comunitario.

A su vez, se aprobó el Proyecto del Senado 354, de la senadora Nitza Moran Trinidad, el cual reduce de una hora a media hora el tiempo de espera requerido para celebrar una segunda convocatoria de asamblea en las cooperativas de tipos diversos cuando no se alcanza el quórum en la primera convocatoria. Eso, para promover la participación efectiva y democrática de los socios, especialmente adultos mayores, al eliminar barreras innecesarias para su involucramiento en los procesos internos de estas organizaciones.

También de la senadora Moran Trinidad, el Senado dio paso al Proyecto del Senado 356, que establece en tres personas la cantidad exacta de miembros del Comité de Supervisión en las cooperativas organizadas bajo la Ley 239-2004. Esta enmienda busca uniformar la estructura de gobernanza con la de las cooperativas de ahorro y crédito, y facilitar el buen funcionamiento de dicho comité, responsable de velar por la legalidad y la sana administración en estas entidades.

Finalmente, el Alto Cuerpo avaló una serie de resoluciones investigativas. Entre ellas, la Resolución del Senado 69, presentada por el senador Héctor “Gaby” González López, para investigar el proceso de traslado de los agentes de la Policía de Puerto Rico. Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 65, del senador Jeison Rosa Ramos, con el propósito de investigar el estado de las carreteras en el municipio de Aguada. Del mismo senador, también se avaló la Resolución del Senado 71, para indagar sobre el estado actual del Programa de Financiamiento de Centros de Cuidado Diurno para Niños en el Banco de Desarrollo Económico.

Por otro lado, se aprobó la Resolución 127 para extender el más sentido pésame y mensaje de condolencia a los familiares de Cirilo Tirado Delgado, educador, abogado, administrador público, Representante a la Cámara y Senador de Puerto Rico.

Nombramientos confirmados

En los trabajos de la Sesión Ordinaria, también se brindó consentimiento a varios nombramientos del ejecutivo. La designada secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), la licenciada Valerie Rodríguez Erazo fue una de las confirmadas a viva voz por el Alto Cuerpo. A su vez, el Alto Cuerpo avaló el nombramiento de Abner Gómez Cortés como Comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas.

Igualmente, recibió el aval del Senado, Sol de Borinquen Cintrón Cintrón como jueza del Tribunal de Apelaciones en su renominación.

Por otro lado, el Senado confirmó a la doctora Anna Di Marco Serra como miembro de la Junta de Gobierno de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles y miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, y al doctor Roberto Pérez Nieves como Miembro de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

El presidente senatorial adelantó que, la próxima semana se atenderán los nominados a dirigir la Comisión Estatal de Elecciones, Jorge Rafael Rivera Rueda como presidente y Cyndia Enid Irizarry Casiano como presidenta alterna.

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SAN JUAN – La presidenta del Consejo Asesor en Asuntos LGBTT, Johanne Vélez García explicó el martes, que el proyecto sobre libertad religiosa que se someterá ante la Legislatura, garantizan que a todos los sectores se les brinden los servicios del gobierno.

“El gobierno de Puerto Rico tiene el deber a través de todas sus agencias y dependencias el proveer los servicios a la ciudadanía que corresponde en cada agencia. Así que, vamos a usar el Registro Demográfico como ejemplo de ello. Y la obligación de proveer servicios es absoluta a toda la ciudadanía. Y eso se mantiene y se respeta, eso no se trastoca en ninguno de estos dos proyectos para nada”, dijo Vélez García a preguntas de la prensa.

Por su parte, el Padre Carlos Pérez explicó que “el proyecto de Libertad Religiosa no es un proyecto de excepción. Es un proyecto que crea mecanismos para resolver de manera civilizada los conflictos que puedan surgir. Por lo tanto, nadie en el sector público podrá reclamar ‘dame libertad religiosa, dame excepción’. No. Tiene que iniciarse el proceso que el proyecto provee para que se pueda resolver de una manera adecuada, en beneficio”.

Ante esto, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que en la Legislatura se presentarán proyectos de consenso que prohibirán las terapias reparativas o de conversión y que adoptarán guías sobre la libertad religiosa.

“En del día de hoy, estamos presentando proyectos de consenso, junto a líderes religiosos y de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT), para establecer por ley las guías de libertad religiosa y para prohibir las terapias de conversión. Esto representa una victoria importante para ambas comunidades, mientras que cumplimos con el compromiso del Plan para Puerto Rico”, sentenció el primer ejecutivo en conferencia de prensa.

En el 2018, el primer ejecutivo impartió un veto expreso a un proyecto que pretendía proteger la libertad religiosa, por entender que el mismo podía limitar la prestación de servicios a la ciudadanía; por su parte, el mes pasado la Cámara de Representantes decidió no dar paso a una medida que prohibía las terapias de conversión.

Ambas medidas atienden las preocupaciones que tuvo el Proyecto de la Cámara 1018 de libertad religiosa y el Proyecto del Senado 1000 sobre terapias reparativas.

El primer proyecto recoge las Guías para la Protección de la Libertad Religiosa, basadas en el marco de derecho federal y local sobre separación de iglesia y estado y la libertad de expresión.

Además, establece la política pública del Gobierno para proteger la libertad religiosa, a la vez que se protege el derecho de todos los ciudadanos a recibir servicios gubernamentales.

El proyecto establece que se proveerá acomodo razonable a una persona por motivo de su libertad religiosa, pero se deberá notificar con anterioridad y el servicio siempre se otorgará.

El primer ejecutivo explicó que “con esta legislación logramos un balance para que el empleado pueda reclamar su derecho a la libertad religiosa, mientras se garantiza que la ciudadanía reciba los servicios gubernamentales. Es importante recalcar que, como política pública principal, no se podrán negar servicios gubernamentales a ningún ciudadano”.

Por otra parte, el segundo proyecto prohíbe que profesionales de salud mental sometan a un menor a terapias reparativas que sean contrarias a la voluntad del paciente o que supongan un atentado contra la dignidad humana.

“Con esta ley, prohibimos que profesionales de la salud practiquen estas terapias reparativas, que tanto daño le hacen a los menores en el momento en que se encuentran aceptando su identidad sexual”, indicó el gobernador.

Ambos proyectos fueron trabajados con colaboradores de ambos sectores; esto incluye al senador Miguel Romero y a la representante María Milagros Charbonier.

El primer ejecutivo puntualizó que “reconozco el liderato del senador Romero y la representante Charbonier, quienes son firmes defensores de los derechos de todos los puertorriqueños. Su apertura al diálogo fue pieza clave para poder lograr estas legislaciones de consenso”.

La representante María Milagros Charbonier indicó que “hoy podemos apreciar dos legislaciones que son producto del consenso entre dos sectores con ideologías muy diferentes. Sin embargo, ambos se han unido por el bienestar de todos los puertorriqueños”.

El senador Miguel Romero elogió la iniciativa de la presentación de ambos proyectos e indicó que “el proyecto de libertad religiosa promueve un balance del derecho constitucional vigente y expone unas guías claras, asegurando que se le brinde el servicio al ciudadano”.

Romero agregó que “de igual forma, entiendo apropiado prohibir por legislación las terapias reparativas, sin que se entienda como un menoscabo al derecho de los padres a ejercer la patria potestad sobre sus hijos y al ejercicio de la libertad religiosa por parte de las iglesias y sus instituciones”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina del Tercer Sector y Base de Fe, Héctor Albertorio Blondet, expresó que “este es un momento histórico en el que el sector religioso y la comunidad LGBTT llegan a un consenso en temas de suma importancia para ambos. Con esta ley logramos que se reconozca la libertad religiosa como derecho fundamental de los puertorriqueños, cosa que es esencial para el pueblo creyente”.

Mientras, Vélez García, manifestó que “la comunidad LGBTT ha estado luchando por años la prohibición de estas terapias reparativas. Me siento muy orgullosa de haber formado parte de la discusión de estos proyectos de consenso, trabajados por comunidades que típicamente tienen pensamientos encontrados. Esta administración continúa manteniendo el balance y respondiendo a las necesidades y reclamos de nuestra comunidad LGBTT”.

Asimismo, la activista de los derechos de la comunidad LGBTT por más de 30 años y miembro del Consejo Asesor, Cecilia La Luz, sostuvo que “por fin logramos que un menor que está descubriendo su identidad sexual no sea objeto de terapias que le causan daños y angustias mentales. Agradezco al gobernador por promover esta legislación”.

Rosselló Nevares concluyó al expresar que “estos temas tienen el efecto de levantar pasiones en los distintos sectores de nuestra sociedad. Reconozco que en estos temas no existirá unanimidad de todos los sectores, pero estoy convencido de que el diálogo y el consenso logrará que ambas medidas se conviertan en ley”.

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SAN JUAN – La Cámara de Representantes consintió el lunes, ir por encima del veto expreso que emitió el Gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, al Proyecto de la Cámara 1018,, de la autoría del presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez y de los representantes María Milagros Charbonier y Guillermo Miranda Rivera.

La pieza, que recientemente generó una polémica entre los sectores religiosos y organizaciones de derechos civiles, fue presentada al pleno para su reconsideración y fue ratificada con 34 votos a favor y 14 en contra.

Con igual número de votos, se favoreció el Proyecto del Senado 950, que propone establecer la Ley para la protección de la mujer en los procedimientos de terminación de embarazo y la preservación de la vida, que también fue vetada por el Primer Ejecutivo.

Asimismo, la Cámara aprobó el informe de comité de conferencia del Proyecto del Senado 1121, que establece el marco regulatorio del proceso de privatizador de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Mientras, a raíz del colapso del sistema eléctrico de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María que paralizó las operaciones de la mayoría de las instituciones hospitalarias en la Isla, se respaldó enmendar la “Ley de Exenciones Contributivas a Hospitales”, con el fin de extendera los hospitales sin fines de lucro el beneficio de una exención de pago de arbitrios al combustible utilizado para la generación de energía eléctrica o para la energía térmica en caso de una emergencia nacional.

A tal efecto, el Proyecto de la Cámara 1958, del también del presidente del cuerpo legislativo, Méndez Núñez, dispone que toda unidad hospitalaria acogida, o que en un futuro se acoja a los beneficios contributivos que provee el “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, o bajo disposiciones análogas de leyes anteriores o posteriores que las sustituya, pueda disfrutar de la exención disponible.

Según destaca el líder cameral en la medida, será siempre y cuando hayan obtenido una Certificación de Vigencia de Exención Contributiva de Entidad sin Fines de Lucro (u otro documento equivalente a la misma) emitida por el Departamento de Hacienda, que deberá estar vigente al momento de reclamar los referidos beneficios.

Igualmente, se endosó el P. de la C. 1521, del representante José “Memo” González Mercado para agilizar y facilitar el proceso de reintegración a la libre comunidad de una persona exconfinada en Puerto Rico. Con ese propósito la pieza propone establecer la “Ley para Facilitar la Reintegración a la Comunidad de la Persona Exconfinada”.

Por lo que propone González Mercado en la legislación, viabilizar un procedimiento diligente y expedito de identificación, que proveerá a la persona que pronto liquida su sentencia, la oportunidad de adquirir identificaciones personales válidas. A su vez, ordenar a los Secretarios del Departamento de Salud y del Departamento de Transportación y Obras Públicas a realizar los acuerdos necesarios para expedir el Certificado de Nacimiento así como la identificación conocida como “Real ID”.

Igualmente, se ratificó la Resolución Conjunta de la Cámara 428, que ordena al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso”, transferir libre de costo al Municipio de Juncos la titularidad de las instalaciones de la antigua Escuela Fulgencio Piñero Rodríguez, ubicada en la Calle Algarín del Municipio de Juncos. También, la Resolución de la Cámara 802, para investigar las condiciones en que se encuentra la Antigua Central Plata, ubicada en el municipio de San Sebastián.

Seguido, se respaldaron la R. de la C. 812; para investigar los problemas que enfrentan los residentes del sector de Altamira, en el municipio de San Juan, con algunos de los negocios localizados en áreas circundantes, y la R. de la C. 1082, para inquirir sobre el uso y administración de los fondos públicos asignados al Comité Olímpico de Puerto Rico durante los pasados cinco años, incluyendo las contrataciones realizadas, los pagos emitidos, los protocolos utilizados para la selección y erogación de fondos.

El cuerpo concurrió además con la R. de la C. 1211, para indagar en torno a la tramitación de contratos y tarifas establecidas en los contratos suscritos entre los dentistas que aceptan el Plan de Salud del Gobierno (la Reforma), y la Administración de Seguros de Salud en el Distrito Representativo 35. A su vez, la R. de la C. 1249 que propone investigar el proceso para la obtención del permiso para la construcción de una torre de telecomunicaciones en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina y los efectos que esto podría causar en la salud de los residentes de la comunidad de Parque Escorial y las comunidades adyacentes.

Del mismo modo, se concurrió con las enmiendas sometidas por el Senado al P. de la C. 670, para crear la “Ley sobre Notificación de Planes Escolares de Operaciones de Emergencias de Puerto Rico”, que requerirá que toda escuela, colegio, centro de estudios supervisados o centro de cuido extendido, notifiquen a los padres y a los municipios por escrito una copia del plan escolar de operaciones de emergencias de dicho establecimiento. Además, está la R. C. de la C. 67 para que el Departamento de Educación realice un estudio de viabilidad a los fines de determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada para estudiantes dotados en cada una de las Regiones Educativas de instrucción pública.

Sin embargo, la Cámara de Representantes no concurrió con las enmiendas incorporadas por el Senado al P. de la C. 864, cuyo fin es que las víctimas de los delitos tipificados en la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, puedan brindar su testimonio fuera de sala, mediante el sistema televisivo de circuito cerrado, salvo que ésta renuncie libre y voluntariamente a dicho derecho.

Por otro lado, el cuerpo dio por aceptados varios Informes Camerales como el Segundo Informe Parcial de la R. de la C. 59, sometido por la Comisión de Seguridad Pública que preside el representante Félix Lassalle Toro, relacionado con la seguridad y el orden público, el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de ley y orden contra la violencia, y los sistemas de alerta. También de la Comisión, se recibió el Informe Final de la R. de la C. 707, sobre el estado actual del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS) en Puerto Rico.

Según Lassalle Toro, “uno de esos factores que inciden en la seguridad y el orden público, es que los sistemas de alertas en caso de una situación de emergencias estén funcionando al máximo”.

En ambas investigaciones concluyó que se debe ofrecer el apoyo oficial necesario para reforzar el programa TsunamiReady, TsunamiReady Supporters de Puerto Rico, y a los ejercicios anuales Caribe Wave y Gran Shake Out de Puerto Rico.

Entretanto, el Pleno cameral recibió el Primer Informe Parcial R. de la C. 902, presentado por la Comisión de Transportación e Infraestructura que preside el representantes José Gonzalo Mercado, en torno a las condiciones de la Carretera Estatal PR-119 a la altura del Municipio de Camuy, con el fin de conocer sus condiciones e identificar recursos para realizarle mejoras. Gonzalo Mercado indicó que “al momento de la radicación de la Resolución, aún esta carretera no se encontraba en los planes de revitalización. Sin embargo, al momento de redactar este Informe, el DTOP indicó a través de su memorial explicativo que contemplaban la carretera PR-119, motivo de la presente medida, como parte del plan de mejoras y acondicionamiento de carreteras”.

Finalmente, la Cámara acordó extender hasta que culmine la Sexta Sesión Ordinaria los Informes de las Comisiones de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano, así como de Asuntos de la Mujer relacionadas a sus investigaciones en torno a las R. de la C. 1324, 1325, 1327 y 1328.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el jueves 28 de marzo a las 11:00 de la mañana.

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“El Proyecto de la Cámara 1018, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez y los representantes Guillermo Miranda Rivera y María Milagros Charbonier Laureano, reafirma que con esta iniciativa se busca preservar ese derecho constitucional como afirmación de un gobierno que respeta y atesora la fe y la libertad de culto como elementos esenciales de su desarrollo como pueblo”, sostuvo en declaraciones escritas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Charbonier Laureano, indicó en su turno sobre la medida que “no es un proyecto que discrimina contra alguien, todos tienen derecho a creer en alguna religión o a no creer y eso hay que respetarlo”. Aseguró que el proyecto, solo aplica al sector gubernamental.

De otra parte, se dio paso al Proyecto de la Cámara 18, de Méndez Núñez, que enmienda la “Ley de Municipios Autónomos” al añadir una nueva disposición mediante la cual las deudas por concepto de arbitrios de construcción se constituyan como un gravamen preferente a favor del municipio correspondiente sobre la propiedad inmueble donde se construya la obra.

Según el texto de la medida, ante la dificultad para garantizar el pago del impuesto, “los recaudos fiscales se han visto afectados, perjudicando así la salud fiscal de los municipios”. Añade que la pieza legislativa “permitirá mejorar la situación de sus arcas, permitiendo que puedan continuar operando y prestando servicios esenciales a su ciudadanía”.

Además, fue avalado el Proyecto de la Cámara 1147, del Presidente Cameral y del representante Eddie Charbonier Chinea, que crea la “Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, para que personas con impedimentos, familiar, tutor o persona que haga gestión para sí mismo acompañado de una persona con impedimento, mujeres embarazadas, personas mayores de 60 años y toda persona con asuntos pendientes que haya viajado entre las islas municipio de Vieques y Culebra en un mismo día, reciban turnos de prioridad o servicio expedito cuando acudan a alguna agencia, instrumentalidad o departamento del Gobierno, a un municipio o a una entidad privada que recibe fondos públicos.

También, se aprobó el Proyecto de la Cámara 799 para enmendar la “Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de aumentar a 62 años la edad de retiro obligatorio para Servidores Públicos de Alto Riesgo, como miembros de la Uniformada y del Cuerpo de Bomberos. Según el texto de la medida, “esta pieza legislativa está enfocada en reconocer la capacidad de estos servidores, que a los 58 años todavía tengan aptitud física para desempeñar las funciones que se les requiere”. A la misma vez, se les ofrece una alternativa para que vayan ajustando su situación ante la próxima edad de retiro, que sería a sus 62 años.

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